Una veintena de empresas domiciliadas en Cialt involucradas en sumarios judiciales

Posted on 14 enero, 2010

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Una veintena de las 81 empresas domiciliadas en Alt Norte o su sucesora, Cialt Asesores, la asesoría fiscal cuyo responsable está acusado de dar cobertura a la domiciliación presuntamente ilícita de Glass Costa en el caso Victor Bravo, han estado involucradas directa o indirectamente en distintos sumarios, fundamentalmente relacionados con operaciones especulativas y corrupción en varios municipios, sobre todo, de la costa mediterránea.

GIPUZKOA CONFIDENTIAL ha podido saber que un número importante de empresas relacionados con lo que ya en España se conoce como “trama vasca” de la corrupción urbanística tienen o han tenido su domicilio social en las oficinas de la asesoría creada por Jesús Jiménez Oruna, imputado en el caso Victor Bravo. Jiménez Oruna optó por la iniciativa privada tras su paso por la Hacienda de Gipuzkoa en la que estuvo al frente de la sección del Impuesto de Sociedades de la Hacienda foral con Víctor Bravo como director general. A él le siguieron un buen número de inspectores y responsables de área de la hacienda guipuzcoana que conformaron una de las asesorías fiscales de mayor éxito en Gipuzkoa y que era conocida en el sector como la “hacienda paralela”.

Todo ello sin que las autoridades políticas al frente de la recaudación guipuzcoana hayan tomado hasta ahora ninguna medida que impida que personas contratadas y formadas por la administración se pasen al “lado oscuro” y se dediquen a burlar las medidas de control fiscal para reducir la factura de sus clientes con hacienda.

Nido de empresas

El fiscal jefe de Gipuzkoa imputa a Jiménez Oruna por cinco delitos contra la hacienda pública y califica su asesoría, Cialt Asesores (antes Alt Norte), como un “nido de empresas”. Entre las 81 empresas que tienen su domicilio social en las oficinas de Cialt está la tenedora de las acciones que Victor Bravo y su socio, el alto cargo de la Diputación, Rufino Eizaguirre, presuntamente obtuvieron del dueño de Glass Costa, Fernando González Enfadaque, por autorizar el cambio de domicilio fiscal y que supuso un importante ahorro para las empresas del promotor tarraconense y un serio perjuicio para la Agencia Tributaria.

Pero, Ekialde 4021 solo es la punta de un iceberg bajo cuyas aguas se esconde un tinglado de sociedades en las que participan empresarios guipuzcoanos algunos de los cuales han tenido relaciones con Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama de corrupción de Marbella, y que durante años y años han realizado operaciones especulativas en la costa mediterránea moviendo voluntades de autoridades municipales con pocos escrúpulos y en muchos casos con el apoyo financiero de KUTXA de la que han sido socios preferentes.

Varias de estas operaciones han resultado fallidas, ya que los tribunales o las autoridades superiores han echado para atrás las recalificaciones, muchas de ellas hechas en contra de la legislación medioambiental. KUTXA ha invertido más de 200 millones de euros en esas actuaciones, dinero que difícilmente recuperará.

Son los Yeregui, Maya, Aguirre y Arteche. Sociedades ligadas directa o indirectamente a estas personas como Obarinsa, Orsomina, Promociones de Edificaciones Industriales, Yeregui Desarrollo, Construcciones Yeregui Siglo XXI, Eusma Gestión, Urvama, Linares and Kinkel, Garatare,… tenían su domicilio social bien en las oficinas de Alt Norte, en la avenida de Tolosa, 11, o en las nuevas oficinas que posee ahora la asesoría bajo el nombre de Cialt Asesores, en la avenida de la Libertad, 17. También alguna de ellas estaba domiciliada en la sede madrileña de Cialt, en el número 7 de la calle Consuegra.

Tal y como adelantó GIPUZKOA CONFIDENTIAL, en el sumario de la Operación Malaya, nombre con el que se conoce la trama corrupta del Ayuntamiento de Marbella, la testaferro de Roca, Montserrat Corulla, cita a Jesús Jiménez Oruna como el fiscalista que asesoraba a su jefe, conocido por su afición a colgar cuadros de Miró en el water. También aparece en el sumario Javier Arteche, la persona cuya empresa, Yeregui, regaló un piso en la exclusiva calle madrileña de Goya a la familia Roca para su disfrute.

Arteche fue imputado por el juez de la Operación Malaya en una pieza separada. Se trata de una permuta presuntamente fraudulenta que realizó el Ayuntamiento de Marbella de dos fincas (Ave María y Francisco Norte) y en la que participaba Obarinsa, una de las empresas de los Arteche, Maya y Yeregui. El magistrado, en relación a la operación Ave María  apunta que, teniendo en cuenta el PGOU de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.

Dicha actuación, según Pérez, “conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores”.

Subraya además que en la hipótesis que se manejaba en el convenio de la aplicación de la revisión del PGOU de 1998 el valor de los aprovechamientos que permutaba el consistorio ascendía a casi cinco millones de euros, mientras que fueron adquiridos por Arteche por 1,8 millones de euros, “lo que muestra indicios de fraude”.

En el sumario de la Operación Malaya, se señala que Roca adquirió varias fincas en Murcia a la empresa Yeregui. Tanto Obarinsa como Yeregui tenían su domicilio fiscal en Avenida de la Libertad, 17, la sede de Cialt.

Fiascos para las arcas de Kutxa

Otro escándalo en el que está implicada la “trama vasca” es el fiasco de la finca Lo Poyo, operación a la que alude también en sus declaraciones Montserrat Corulla, la testaferro de Roca, al asegurar que conocía que este grupo vasco había adquirido una gran finca en Murcia.

La finca de Lo Poyo fue adquirida en marzo de 2004 a la familia Armengol por sociedades propiedad de la Kutxa y de los empresarios Arteche, Maya y Aguirre, que pagaron 219,1 millones de euros por 510 hectáreas de suelo rústico. KUTXA, concretamente aportó 115 millones de euros a la oprración. Pretendían construir en la zona 5.000 viviendas, hoteles y un campo de golf. El juez encargado de investigar la operación Malaya trata de esclarecer cuál fue la intervención en esta operación de Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística de Marbella, ya que admitió haber cobrado comisiones por ella.

El proyecto es también objeto de diligencias informativas por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Murcia, tras la denuncia presentada por el PSOE por un supuesto delito de tráfico de influencias, ante la sospecha socialista de que los compradores de Lo Poyo podrían tener garantías de su recalificación para pagar una cantidad tan elevada por terrenos no urbanizables. En esta operación intervino la empresa Yeregui. ¿Su domicilio social? Ya lo hemos comentado antes: Avenida de la Libertad, 17, sede de Cialt.

¿Resultado para la KUTXA? Una inversión de 115 millones de euros que se va al traste, ya que el presidente de la Comunidad Murciana ya ha anunciado que su gobierno no recalificará esta zona por su valor ecológico y por razones “morales”, ya que  «ha habido demasiadas compras y ventas de terrenos».

La Zerrichera

Otra operación fallida que le ha costado un riñón a KUTXA es La Zerrichera. En este paraje murciano, calificado por la Unión Europea como zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) se pretendía construir 4.000 viviendas, un golf y un hotel de lujo. Para ello el Ayuntamiento aprobó con los votos del PP y de varios concejales del PSOE, luego expulsados, un cambio de calificación. Varios cargos del gobierno murciano cambiaron la legislación para posibilitar el proyecto. El tema terminó con la imputación por parte de un juez de cinco altos cargos del gobierno autónomico, el alcalde popular de Águilas, y un ex concejal del mismo partido en el consistorio aguileño por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.

KUTXA, a través de su empresa Inverlur, que es una de las instrumentales de la caja en los negocios urbanísticos con Aguirre, Maya y Arteche, adquirió los terrenos de La Zerrichera por 105 millones de euros al grupo Hispania que, a su vez, lo había comprado a un concejal del PP del pueblo. Y lo hizo, según señala el diario LA VERDAD,  antes de que el pleno muncipal aprobara la recalificación y antes de que responsables del gobierno murciano le dieran el visto bueno, acto, posteriormente, revocado por los nuevos responsables de medio ambiente del ejecutivo autonómico. A GIPUZKOA CONFIDENTIAL no le consta que en esta operación participaran los socios preferentes de KUTXA, Arteche, Aguirre y Maya. Lo que sí está documentado es que la sede de Inverlur, la inmobiliaria de la caja, fue registrada por la policía en el marco de la llamada “Operación Astapa”, relacionada con la corrupción en Estepona.

Corrupción en Estepona

Y es que KUTXA volvió a unir sus intereses con un subgrupo de la “trama vasca” para dar el pelotazo en Estepona. En esta ocasión, fueron los abogados Luis Fernando Linares y María Eugenia Yeregui los implicados. Se trataba de una promoción de 3.400 viviendas y un golf anunciado por el mismísimo Seve Basllesteros. La promotora estaba participada al 50% por KUTXA y al otro 50% por los abogados donostiarras,  a través de la sociedad Meyluna (observese que las tres primeras letras MEYluna se corresponden con las iniciales de María Eugenia Yeregui). Posteriormente, KUTXA decidió comprar el otro 50% restante para hacerse con el control de la operación. En total, KUTXA invirtió 250 millones de euros.

Aunque a diferencia de La Zerrichera y Lo Poyo la operación inmobiliaria de Valle Romano fue rentable para KUTXA, las vinculaciones de su socio en esta operación con el alcalde, acusado de estar al frente de una trama corrupta en Estepona salpicaron también a la caja guipuzcoana. El abogado donostiarra Luis Fernando Linares, ex- consejero delegado de Valle Romano, fue detenido y la sede de Inverlur, la promotora de KUTXA, registrada por la policía.

María Eugenia Yeregui, la socia de Linares en Valle Romano, mantuvo relaciones comerciales con Arteche y Maya Galarraga a través de la sociedad Obarinsa. Y Yeregui y Linares eran socios, además, en la empresa Linares and Kinkel, S.A. (Kinkel es el segundo apellido de María Eugenia Yeregui). ¿Y dónde estaba la sede de esta empresa? En el número 11, de la Avenida de Tolosa, sede de Alt Norte, la asesoría de Jiménez Oruna.

El frontón Beti Jai

Los intentos de derribo del frontón Beti-Jai en Madrid, un edificio neomudejar catalogado, salieron a la luz tras la denuncia en plena campaña a las municipales por parte del candidato socialista, Miguel Sebastián, de las relaciones entre la encargada de lograr eliminar la protección del edificio para construir un hotel de lujo, Montserrat Corulla, y el alcalde de la capital, Ruiz Gallardón. Corulla está considerada la testaferro de Roca, el lider de la trama corrupta de Marbella.

Un juez decidió que las conversaciones grabadas a Corulla con motivo de la Operación Malaya en las que hablaba con Gallardón fueran eliminadas al considerar que entraban en la esfera de lo privado. Esto alimentó áun más el morbo en torno a la verdadera relación entre el alcalde y la guapa abogada.

Sin embargo, sí trascendió que en comidas con arquitectos madrileños y empresarios la testarrefo de Roca aseguraba que “yo como todos los días con el alcalde” y que utilizaba su relación con Gallardón para impresionar a sus invitados y favorecer sus operaciones especulativas.

El frontón Beti-Jai, un edificio neomudejar edificado en 1893 y catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, se encontraba en estado casi ruinoso cuando fue adquirido primero por una empresa vasca para reformarlo y volverlo a convertir en un frontón, ya que la normativa sólo permitía un uso deportivo. Pero, más tarde fue adquirido por la empresa donostiarra Aguirene, cuyo administrador único era Agustín Aguirre Iguiñiz. Aguirre es socio de Maya Galarraga y de Javier Arteche en varias empresas y operaciones especulativas, algunas ligadas a KUTXA.

Aguirene está participada por Proinsa Desarrollo Siglo XXI y Baltz Berri, dos empresas radicadas en Donostia. Y Proinsa es socia en Eusma Gestión de Orsomina, una empresa cuyo socio único es Garatare, sociedad de la que es administrador Jesús María Jiménez Oruna. Ambas empresas, Orsomina y Garatare tenían su domicilio social en la Avenida de Tolosa, 11, de Donostia, y en la madrileña calle Consuegra, respectivamente, donde tenía sus oficinas Alt Asesores, la asesoría que montó Jiménez Oruna.

Si a todas estas empresas ligadas a operaciones de dudosa legalidad, algunas con sus administradores imputados, y domiciliadas en sedes de Alt Norte o Cialt que hemos citado se añaden Filoglass, Baltic-Burguera, Burguera Mistral, Burguera Home, Glass Costa Este Salou, sociedades participadas por los principales protagonistas del caso Victor Bravo y también con domicilios en las sedes de la asesoría de Jiménez Oruna. Y si, tal como adelantó GIPUZKOA CONFIDENTIAL, añadimos las cuatro empresas de Rafa Nadal domiciliadas también en Cialt, cuya vinculación real con Gipuzkoa está siendo investigada para conocer si se radicaron ficiticiamente en nuestro territorio para obtenber ventajas fiscales el resultado es que, tal y como señalaba el fiscal jefe Cialt efectivamente era un “nido de empresas”. Pero, es evidente que un número importante de las sociedades radicadas allí (por supuesto que entre las 81 hay sociedades inmaculadas), además, han estado o siguen estando en el punto de mira de jueces y fiscales.

En breve, GIPUZKOA CONFIDENTIAL ofrecerá nuevos datos sobre este tema que, a pesar de su dimensión, apenas ocupa espacio en los medios guipuzcoanos.

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