La Comunidad de Madrid pone fin al intento de pelotazo de empresarios donostiarras con el frontón Beti-Jai

Posted on 14 julio, 2010

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Se acabó la aventura especulativa de un grupo de empresarios donostiarras con el frontón Beti-Jai de Madrid. La incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural en calidad de Monumento por parte de la Comunidad pone fin al intento de derribar el edificio inaugurado en 1894 con formas neomudéjares y que empresarios de la llamada “trama vasca” de la especulación en el Mediterráneo adquirieron para intentar luego derribarlo y construir un hotel de lujo. La amiga de Gallardón y testaferro de José Antonio Roca, la abogada Montserrat Corulla, actuó como “conseguidora” del cambio de calificación del edificio, aunque sin éxito.

Una imagen del Frotón Beti-Jai que está en estado de abandono.

Una imagen del Frotón Beti-Jai que está en estado de abandono.

El frontón Beti-Jai se encontraba en estado casi ruinoso cuando fue adquirido primero por una empresa vasca para reformarlo y volverlo a convertir en un frontón, ya que la normativa sólo permitía un uso deportivo. Pero, más tarde fue adquirido por la empresa donostiarra Aguirene, cuyo administrador único era Agustín Aguirre Iguiñiz. Aguirre es socio de Maya Galarraga y de Javier Arteche en varias empresas y operaciones especulativas, algunas ligadas a KUTXA. Arteche aparece citado en el sumario de la Operación Malaya como cabeza de un grupo de empresarios vascos con vinculaciones con Roca. Arteche fue imputado por el juez del caso en una pieza separada de la Operación Malaya.

Aguirene está participada por Proinsa Desarrollo Siglo XXI y Baltz Berri, dos empresas radicadas en Donostia. Y Proinsa es socia en Eusma Gestión de Orsomina, una empresa cuyo socio único es Garatare, sociedad de la que es administrador Jesús María Jiménez Oruna. Ambas empresas, Orsomina y Garatare tenían su domicilio social en la Avenida de Tolosa, 11, de Donostia, y en la madrileña calle Consuegra, respectivamente, donde tenía sus oficinas Alt Asesores, la asesoría que montó Jiménez Oruna tras decidir dejar su cargo como Jefe de Sección del Impuesto de Sociedades de la Hacienda de Gipuzkoa y dedicarse a negocios más productivos. Y que es uno de los imputados por la fiscalía en el caso Victor Bravo.

Otro socio de Baltz-Berri, una de las empresas que intentó el pelotazo del Beti-Jai, fue la propia KUTXA que, tal y como ha averiguado GIPUZKOA CONFIDENTIAL, en 2008 adquirió a esta empresa el 50% de otra sociedad inmobiliaria, Altun Berri, por 5.324.000 euros.

La actora de este intento de derribar el frontón, que está catalogado, y edificar un hotel fue Montserrat Corulla, acusada de ser la testaferro de Juan Antonio Roca, el alma de la trama de corrupción de Marbella (el que tenía un Miró en el water por si alguno no se sitúa).

Escándalo en las municipales de Madrid

Su relación de amistad con Alberto Ruiz Gallardón, aireada por Miguel Sebastián, que blandió en plena campaña electoral a la alcaldía de Madrid una foto de la joven abogada imputada en la Operación Malaya, provocó un gran escándalo político. Sebastián denunció la presencia continuada de la amiga de Gallardón en el área de urbanismo del Ayuntamiento de la capital. Un juez decidió que las conversaciones grabadas a Corulla con motivo de la Operación Malaya en las que hablaba con Gallardón fueran eliminadas al considerar que entraban en la esfera de lo privado. Esto alimentó áun más el morbo en torno a la verdadera relación entre el alcalde y la guapa abogada.

Sin embargo, sí trascendió que en comidas con arquitectos madrileños y empresarios la testarrefo de Roca aseguraba que “yo como todos los días con el alcalde” y que utilizaba su relación con Gallardón para impresionar a sus invitados y favorecer sus operaciones especulativas.

El objetivo de los empresarios vascos que compraron el edificio a través de la sociedad Aguirene era lograr cambiar la calificación del Beti-Jai, tarea a la que se lanzó con empeño Montserrat Corulla que llegó a hablar con el arquitecto Rafael Moneo para construir el hotel de lujo que iría en el lugar que ocupaba el Beti-Jai. Esto demuestra que Corulla daba por hecho el cambio de calificación, para algo era amiga de Gallardón. La realidad es que hoy el Beti-Jai está más seguro con la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, lo que impide su derribo y obliga a su conservación.

La actual propietaria del frontón es la sociedad donostiarra Tarcosul Gestión, S.L., de la que era secretario José Antonio Lopetegui Agote, hermano del ex-portero y entrenador, Julen Lopetegui, al que aludimos recientemente como responsable de las empresas del tenista Nadal en Gipuzkoa.

En manos de un consejero de Badiola

Recientemente, según ha podido averiguar GIPUZKOA CONFIDENTIAL, Tarcosul pasó a ser controlada por la empresa Gure Eraikuntzak, de la que eran apoderados los dos hermanos Lopetegui Agote y los hermanos Feliciano y Victor Carmelo Zabala Zabala. El mismo día en que el Boletín del Registro Mercantil publicaba esa modificación en los órganos de gobierno de la sociedad se nombraba administrador único de la propietaria del Beti-Jai a Fernando Antúnez, abogado mercantilista donostiarra y consejero en la junta de la Real con Iñaki Badiola como presidente.

Fernando Antúnez se habría hecho, por tanto, cargo de las negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid para que expropie el edificio. Según publicó La Razón, el consistorio que preside Gallardón está estudiando “muy seriamente” la posibilidad de que el frontón, el único que queda en Madrid, pase a manos públicas. Dado que va a ser calificado como Bien de Interés Cultural, el edificio ya no tiene valor alguno para sus propietarios a los que sólo les queda cobrar el valor expropiatorio. En su momento, la primera sociedad vasca que lo adquirió para recuperar su uso deportivo pagó 2,3 millones de euros.

La actual propiedad vasca del frontón no sólo se ha negado a garantizar la seguridad del edificio acometiendo las reformas necesarias, sino que ha llegado a negar el acceso a técnicos del Ayuntamiento de Madrid que quieren acometer las mínimas obras para que el edificio no se venga abajo. En breve, se espera un auto judicial que permita acometer las obras imprescindibles que serán ejecutadas por el Ayuntamiento de forma subsidiaria.

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